Los diamantes de sangre son aquellos que se extraen de zonas en las que se desarrolla una guerra o un conflicto armado, de ahí que también se conozcan como diamantes de guerra o diamantes de conflicto.
La obtención y comercialización de estos diamantes de sangre queda fuera de toda legalidad, porque se realiza en la mayoría de las ocasiones recurriendo a trabajadores forzados o, incluso, a menores de edad, y porque los beneficios obtenidos con su venta en el mercado negro se emplean en la financiación de acciones bélicas, mediante el intercambio de armas por diamantes.
Toda esta violencia contra personas que ya de por sí tienen escasos recursos para subsistir, contra otros grupos sociales o contra gobiernos legítimos, empobrece tanto moralmente, por las continuas violaciones de los derechos humanos, como económicamente, al no destinar estos bienes al progreso de los países.
Aunque parezca contradictorio, la riqueza mineral de estos países se convierte así en una de las principales causas de la pobreza y explotación de sus habitantes. También es esta riqueza la que, en muchas ocasiones, permite que se originen y se extiendan en el tiempo las acciones armadas que, de otra manera, no tendrían recursos para financiarse. Y esta obtención de dinero rápido se vio facilitada por los pocos medios que se dedicaban para controlar el comercio ilegal de diamantes a través del mundo.
A partir de los años noventa del siglo XX fue cuando los países consumidores de estos bienes empezaron a tomar conciencia de las atrocidades que se estaban cometiendo en las zonas productoras, principalmente en países de África, como Sierra Leona o Angola, y del dilema moral que suponía la adquisición de estos diamantes de sangre.
Entre las primeras medidas contra estas injusticias se encontraban las sanciones de la Organización de las Naciones Unidas contra varios países africanos, decretando una prohibición de comerciar con los diamantes originarios de estos países.
Tras diversas investigaciones se llegó a la conclusión de que con estas sanciones no se conseguían los resultados deseados y, para desarrollar medidas realmente efectivas, en el año 2003 la Organización de las Naciones Unidas aprobó el denominado “Proceso Kimberley”.
EL “Proceso Kimberley” establece todas una serie de medidas, que van desde la extracción en los países de origen a su comercialización en los países de destino, donde los consumidores pueden obtener datos sobre la legalidad de los diamantes que quieren comprar y una garantía plena de que no se tratan de diamantes de sangre.